Abogados del Cordón Industrial en San Lorenzo- Provincia de Santa Fe denuncian el colapso total de la justicia: “No hay jueces, no hay respuestas, no hay Estado”
Con una movilización en tribunales y un duro petitorio, abogado/as del Distrito Judicial Nº 12 expusieron el colapso de la justicia en San Lorenzo. Denuncian falta de jueces, abandono institucional y una estructura al borde del colapso.
La protesta, convocada bajo la consigna “Queremos Justicia, no sonrisas institucionales”, evidenció una situación de colapso operativo, administrativo y político.
Un distrito judicial al borde del abismo.
El petitorio, firmado por los profesionales del foro local, detalla con precisión quirúrgica la situación de parálisis institucional que atraviesa el Distrito Judicial Nº 12. La lista de problemas es extensa y alarmante:
- El Juzgado Laboral está vacante desde hace más de un año y medio. El concurso ya se realizó, pero el Ejecutivo provincial mantiene la terna guardada en un cajón.
- El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación está acéfalo desde septiembre de 2024. Mientras tanto, el Dr. Alejandro Andino —titular de la Primera Nominación— oficia como único juez de tres juzgados.
- El Juzgado de Circuito está sin titular desde hace seis años. Nunca se llamó a concurso.
- Localidades como Andino, Aldao, Gaboto, Maciel, Ricardone y Timbúes carecen de jueces comunitarios de pequeñas causas.
- El Juzgado de Familia funciona con recursos humanos mínimos, con expedientes acumulados, trámites paralizados y tareas impropias que ralentizan su accionar.
- La figura de la Asesora de Menores ha sido vaciada, desplazada por una reforma que trasladó esa función al Ministerio Público de la Acusación.
- La Defensoría General y los fiscales extrapenales carecen de personal y preparación para asumir estas funciones, lo que agrava la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes.
Del acceso a la justicia al colapso sistémico.
El vaciamiento institucional no solo afecta a los litigios complejos, sino que también deja desprotegidos a los sectores más vulnerables.
El desborde alcanza a todos los fueros, pero los civiles, laborales y de familia son los más afectados. Las causas se acumulan, las sentencias no llegan y el Estado brilla por su ausencia. “Parece que todos los recursos están destinados al sistema penal, que además también es ineficiente”, expresa el petitorio.
El petitorio no se limita a la denuncia: establece un listado de 12 demandas claras, precisas y viables. Algunas de las más destacadas:
- Designación inmediata de un Juez Laboral.
- Cobertura urgente de vacantes en juzgados civiles, de familia, laborales y comunitarios.
- Llamados a concurso para cubrir cargos vacantes.
- Creación de nuevos juzgados en un distrito con altísima carga de trabajo.
- Asignación de recursos humanos especializados para el fuero de Familia.
- Derogación de la ley de mediación obligatoria que encarece y ralentiza el acceso a la justicia.
- Infraestructura digna, equipamiento y tecnología para los juzgados del distrito.
- Cese de aumentos retroactivos de la Unidad Jus, que generan incertidumbre y perjudican a los justiciables y profesionales.
El tono del reclamo es tan institucional como político. La falta de respuestas por parte del Poder Ejecutivo provincial, sumada al silencio de la Corte Suprema, alimenta la indignación.
“En una República, el adecuado servicio de justicia debe garantizarse como obligación insoslayable del Estado”, dice el texto. Y continúa: “No aceptamos la indiferencia de las autoridades, que no cumplen con sus deberes como servidores públicos”.
La justicia —como garantía de derechos y como estructura republicana— está siendo demolida por la inacción.
NUESTRAS CONSIDERACIONES
En esta nota se evidencia el pedido de auxilio que estan manifestando los trabajadores abogado/as por el perjuicio que le causa el estado y el poder judicial por la falta de designación de jueces.
Generalmente, en estos casos, las presentaciones quedan en mesa de entrada sin obtener un resultado favorable a su petición.
En el petitorio presentado por vuestros compañeros notamos que puntualizan dos temas claves: la solicitud de cubrir las vacantes de jueces y la creación de otros juzgados. El paradigma de dos caras de una misma moneda. En primer lugar, habría que lograr la designación de jueces en todas las áreas vacantes con designación supletorias o asignaciones complementarias a fines de que el excedente de jueces puedan ser pasibles de cubrir la creación de otros juzgados.
Otro de los matices para sanjar este dilema es verificar si le cabe la responsabilidad al Estado Nacional cubrir las vacantes o algún organismo específico que se enfoque en la designación de jueces.
En este aspecto, la Reforma Constitucional de 1994 trajo consigo la incorporación del Consejo de la Magistratura con alcance nacional, en el que intervine abogados representantes de todas las provincias para designar los jueces que cubriran las vacantes respectivas.
Por lo cual el petitorio para la designación de jueces debierá ser direccionado al Consejo de la Magistratura Nacional.
Respecto a los insumos, recursos humanos, infractructura edilicia y tegnología de los juzgados no le cabria a nuestros compañeros trabajadores abogados ocuparse de temas que sobrepasan las posibilidades económicas y que es de exclusividad absoluta del poder judicial provincial cubrirlas.
Entendamos que el enfoque de esta nota es prevalecer los derechos de los abogado/as trabajadores que ejercen la profesión en forma privada, el efecto rebote de falta de jueces provoca un PERJUICIO A LOS COLEGAS que no pueden trabajar dignamente y en consecuencia, cobrar sus honorarios como retributivo de sus servicios con las ciudadanía.
Mientras observamos disputas por vacantes de jueces ante el Consejo de la Magistratura entre Capital Federal y Cuidad Autónoma de Buenos Aires, enfocado en la prevalencia del poder. Vemos que el colapso institucional se extiende a todas las provincias del interior de la República Argentina.
Si la vacante a cubrir se encuentra supeditada al presupuesto nacional por parte del Poder Judicial conjuntamente con el Consejo de la Magistratura, entonces estaríamos frente a una bandera politica dificil de sanear.