Profesionales rechazan un proyecto desregulador
Un grupo de colegios profesionales de La Plata expresaron su “enérgico rechazo al proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Marcela Pagano (La Libertad Avanza), que propone eliminar la colegiación legal, reemplazar las matrículas provinciales por un Registro Nacional en manos del Ministerio de Capital Humano, y suprimir el aporte a las instituciones que históricamente han regulado el ejercicio profesional”.
La mesa intercolegial la integran abogados, escribanos, arquitectos, martilleros, ingenieros, técnicos y agrimensores.
Exponemos los argumentos de la negativa:
*El desmantelamiento de las funciones legales que cumplen los Colegios Profesionales, tales como la habilitación del ejercicio, el control ético, la fiscalización de la práctica y la aplicación de sanciones.
*La ausencia de un sistema efectivo de supervisión técnica y ética, afectando la calidad de los servicios y desprotegiendo a la ciudadanía.
*La desprotección de los profesionales, exponiéndolos al intrusismo, la competencia desleal y la precarización de sus condiciones de trabajo.
*La desarticulación de los sistemas previsionales profesionales, poniendo en riesgo la sustentabilidad de las Cajas de Previsión y Seguridad Social que sostienen los matriculados en el país.
En este sentido, la mesa intercolegial acompaña el rechazo unánime expresado por la Confederación General de Profesionales (CGP) y la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, reafirmando su compromiso con la defensa del ejercicio profesional ético, responsable y al servicio del interés público.
Por nuestra parte, reiteramos la postura que el proyecto de la Diputada Pagano no configura realmente una eliminacion de la colegiación, tal como lo expresaramos en el articulo precedente.
Colegiación de Abogados de San Rafael- Mendoza
El colegio de abogados de la provincia de Mendoza enfatiza también el rechazo al proyecto ley presentado en el Congreso por la
diputada Marcela Pagano al manifestar que se busca desregular el ejercicio de la abogacía.
Entre sus argumentos expone que los Colegios de Abogados cumplen un rol esencial al ejercer funciones públicas, participar en el Consejo de la Magistratura en la selección de jueces y funcionarios judiciales, emitiendo certificados de buena conducta e idoneidad, dar garantía de idoneidad profesional a la ciudadanía y constituyen el primer punto de contención y orientación para los jóvenes letrados. Cumpliendo con la función principal de matricular a los profesionales.
La Dra. Martinez -referente de la institución- declaro que «El proyecto de desregulación busca, en esencia, la abolición
de los colegios profesionales» por lo que podría acontecer situaciones de personas que asesoren legalmente sin titulo habilitante. Consecuentemente, desmintió la existencia de una cuota mensual colegial.
Se le pregunto si ¿La cuota mensual colegial encarece el acceso a la justicia?. La colega, en caracter de vocera, desmientió la vision economicista y defiendió el rol social, argumentando la existencia de un listado de abogados que brindan asesoramiento gratuito a personas de bajos recursos y que las funciones en el colegio son ad honore. Explicó que el aporte del colegio en un juicio es mínimo, representando un porcentaje ínfimo de la tasa de justicia y muy inferior a otros gastos. «Este aporte es un fondo fijo que le permite a los colegios cumplir con su función esencial de capacitación, práctica profesional y asistencia a la comunidad», fundamentó.
Asimismo, mencionó la existencia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) que a nivel nacional agrupa a todas las instituciones provinciales -Colegios de Abogados- en la defensa de la profesión.
NUESTRAS CONSIDERACIONES
REFUTAMOS no solo el proyecto presentado por la Diputada Pagano sino también los argumentos expuestos por la colegiación.
Nosotros que nos abocamos a la defensa estricta de los abogado/as en ejercicio del sector privado, vemos muchas contracaras tanto de parte del proyecto presentado como el rechazo de parte de los colegios. El proyecto como lo explicamos oportunamente, carece de una desregulación óptima que pueda beneficiar a los abogados por cuanto el ministerio de capital humano puede concertar convenio con los propios colegios para que ellos continuen con la misma labor que se proyecta en la actualidad.
Respecto a la colegiación, solo vemos como defienden la institución frente a la comunidad. Por un lado, avalan la postura que la función esencial es matricular a los profesionales, en la que se nos otorga una credencial que avala el ejercicio profesional. La matrícula es un cuota mensual que los letrados abonamos obligatoriamente al colegio. En el caso que no la abonemos, nos encontramos incursos en mora, que luego nos realizan apremios judiciales que lo obtienen a través de juicios ejecutivos, donde en la mayoria de los casos se vuelven cesantes al pago por lo que motiva desde la suspensión hasta la expulsión de la matrícula, derivando en un pasivo que le genera el no ejercicio profesional.
Enervan su postura que la matrícula del abogado cumple un rol social y que no encarece el acceso a la justicia, por la existencia de abogados que asesoran gratuitamente.
Preguntemonos, ¿cómo afecta a los abogados que ejercemos la profesion la existencia de letrados que asesoren gratuitamente?. Tengamos presentes en estas afirmaciones, que existe una brecha entre dos clases de ejercicio profesional, los que trabajmos onerosamente de los de gratuidad. La avalancha de exigencia del pago de la cuota mensual colegial cae sobre los que trabajamos en el sector privado en forma onerosa, y vemos el apañamiento de que la colegiación brinda cuotas más accesibles o no les cobra a los letrados que asesoran gratuitamente. Ahí podemos ver una competencia desleal que causa la colegiación.
Queremos recalcar sobre la postura en esta nota, que la colega enfátiza que el aporte de la cuota colegial es mínimo y que constituye un fondo común para el sostenimiento de la institución colegial. Si realmente consideramos que tiene un rol social y aportamos a un fondo común, entonces la cuota mensual colegial debería ser voluntaria y no obligatoria. Pero no, nos engañemos, no hay voluntariedad en la cuota colegial, porque no estamos refiriéndonos a una sola jurisdicción colegial, sino a tantos colegios como jurisdicciones el abogado del sector privado se encuentre inscripto para ejercer su profesión. Los gastos colegiales encarecen realmente el bolsillo del letrado. Porque recordemos, que la cuota colegial no es lo unico que se paga para acceder a la justicia, también incluye el pago del bono de derecho fijo y el jus previsional si litigamos en Provincia de Buenos Aires e interior del país, más el derecho de bono fijo si lo hacemos en Capital Federal.
Como se puede apreciar, remarcan que la colegiatura como institución cumple el rol esencial de funciones publicas y participa dentro del Consejo de la Magistratura, sin embargo, venimos observando el rol que cumplen los juzgados, muchos descontentos por parte de los abogados en el ejercicio profesional donde los despachos son retrasados, no otorgan medidas urgentes, entre otros supuestos más agravantes, falta de personal en las oficinas de notificaciones, no cumplen con la ley de honorarios, desmereciendo la labor de los colegas. Entonces si la colegiación participa en la selección de jueces y funcionarios judiciales, emitiendo certificados de buena conducta e idoneidad dentro del Consejo de la Magistratura, porque no actuan realmente a favor de los matriculados colegiados cuando suceden estas injerencias. Todo lo contrario, creemos que las participaciones son con la finalidad que el Poder Judicial oportunamente falle a favor de quienes votaron por la selección de sus jueces.
Otra tema de enfásis del proyecto es la peligrosidad de la abolición colegial, que implicaria asesoramientos sin titulo habilitante. Respecto a este tema, existiendo la colegiación vigente, observamos situaciones en la práctica de personas que asesoran sin titulo habilitante. Pero que los colegios se encuentran imposibilitados de recibir denuncias de este tipo, por el hecho de configurar situaciones de personas sin titulo. Sin embargo, nos atenemos de la existencia de otras profesiones que violan nuestras incumbencias, como contadores, gestores, escribanos, entre otros, que asesoran sin titulo habilitante de abogado. Porque sabemos en el caso de los escribanos, que el titulo de abogado es incompatible con su ejercicio profesional.
En conclusión, el proyecto ley presentado por nosotros vendrá a suplir estas injerencias y abocarnos realmente a la defensa del letrado/a en ejercicio profesional del sector privado conviviendo con nuestros pares que son los colegios de abogados.